La presencia de amianto en el centro de trabajo supone un riesgo legal, sanitario y económico.
La presencia de amianto —frecuentemente en forma de uralita— sigue siendo una realidad en numerosos centros de trabajo construidos antes de los años 2000. Aunque pueda parecer un material “estable”, el amianto se convierte en un grave peligro cuando se manipula, perfora, corta o simplemente se deteriora con el paso del tiempo, liberando fibras microscópicas altamente cancerígenas.
En España, el riesgo está regulado por el Real Decreto 396/2006, que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en trabajos con riesgo de exposición al amianto. La norma fija un límite máximo de exposición de 0,1 fibras por cm³, obliga a identificar los materiales con amianto (MCA) y exige que cualquier intervención la realicen empresas especializadas inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).
El incumplimiento no solo pone en peligro la salud de los trabajadores, sino que expone al establecimiento a sanciones económicas, paralización de la actividad, responsabilidades civiles e incluso penales.
¿Por qué es un riesgo real para la empresa?
El amianto no suele generar problemas mientras permanece intacto y sin manipulación. Sin embargo, en entornos laborales son habituales trabajos de:
- Mantenimiento.
- Fontanería.
- Electricidad.
- Reformas.
- Instalaciones técnicas en cubiertas o falsos techos.
En estas situaciones, una intervención aparentemente rutinaria puede liberar fibras invisibles que permanecen en el ambiente durante horas.
Las consecuencias pueden ser graves:
- Enfermedades como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma.
- Reconocimiento de enfermedad profesional.
- Recargos de prestaciones por falta de medidas preventivas.
- Inspecciones de Trabajo y paralización inmediata de la actividad.
- Daño reputacional y pérdida de confianza.
Obligaciones legales del centro de trabajo
La normativa es clara: no basta con “no tocar” el material. La empresa debe actuar de forma preventiva.
- Identificación y comunicación: La empresa debe disponer de un inventario de Materiales con Amianto (MCA) y señalar las zonas afectadas. Los trabajadores tienen derecho a conocer esta información.
- Evaluación y gestión del riesgo: Si el material está deteriorado o se van a realizar obras, es obligatorio planificar la actuación. En muchos casos, esto implica desamiantado previo antes de cualquier intervención.
- Empresas especializadas (RERA): La retirada o manipulación solo puede realizarla una empresa autorizada e inscrita en el RERA. Cualquier actuación por personal no acreditado es ilegal.
- Protección individual (EPI): Cuando exista riesgo de exposición, es obligatorio el uso de Equipos de Protección Individual adecuados y protocolos específicos.
- Vigilancia de la salud: Los trabajadores expuestos tienen derecho a reconocimientos médicos específicos y periódicos.
- Acción sindical:
- Ante sospechas o falta de actuación empresarial, los trabajadores pueden acudir a delegados de personal o a organizaciones como Comisiones Obreras del Hábitat para activar mecanismos de control y denuncia.
El mayor riesgo es la exposición inadvertida
Uno de los principales problemas del amianto es que el riesgo suele ser invisible. No genera olor ni síntomas inmediatos. Muchas exposiciones se producen durante pequeñas reparaciones o trabajos técnicos sin saber que el material contiene fibras peligrosas.
Por eso la legislación insiste en la identificación previa, la planificación y la intervención especializada.
Conclusión: prevención o responsabilidad
La presencia de amianto en un centro de trabajo es una responsabilidad directa del titular de la actividad.
Ignorar el problema puede derivar en:
- Sanciones administrativas graves.
- Responsabilidad por daños a trabajadores.
- Paralización de obras o actividad.
- Costes económicos muy superiores al de una gestión preventiva adecuada.
La única vía segura es clara: identificar, evaluar y, cuando proceda, retirar mediante empresa inscrita en el RERA.
La prevención no es opcional. Es una obligación legal y una garantía de seguridad para todos.